Bajo el peso de media montaña, que se les vino encima mientras se resguardaban de un aguacero diluvial y esperaban que se autorizara la reanudación del tráfico, interrumpido por varios derrumbes, 36 personas murieron, 20 quedaron heridas y 8 aún no han sido encontradas, en la carretera que de Quibdó conduce a Medellín; este viernes 12 de enero de 2024, a las 5 horas de una tarde gélida y oscura, en un punto conocido como El 17, que forma parte de un paraje denominado Las Toldas, que pertenece al municipio de El Carmen de Atrato, en el Departamento del Chocó.
La tragedia nuestra de cada año
Desde que se dio al servicio la carretera Quibdó-Medellín, a mediados de la década de 1940, decenas de vehículos y centenares de personas han terminado su viaje antes de llegar a su destino geográfico y vital. En incontables ocasiones, carros y gente han ido a parar a la orilla o al fondo de los ríos Hábita, El Barbudo, Guaduas, La Playa o Atrato, en uno cualquiera de aquellos puntos que quedaron llamándose con números indicativos de los campamentos instalados durante la épica construcción de la vía, a principios del siglo pasado: El 7, El 8, El 9, El 12, El 15, El 17, El 18, El 90, El 20 o El 21. En más de una ocasión, los cuerpos no pudieron ser recuperados: se los tragaron los aludes o los desapareció el torrentoso Atrato naciente, que, entre esas montañas, comienza apenas sus 750 km de recorrido. También en el río Tutunendo, llegando a Quibdó, terminaron su tránsito unos cuantos viajeros, entre ellos funcionarios y trabajadores de mantenimiento de la propia vía, cuando al paso de una volqueta -en los años 1970- el antiguo puente se cayó.[1]
Nuevamente, como ha ocurrido casi cada año en los últimos cuarenta, la precariedad de esta vía se paga con vidas chocoanas de hombres y mujeres de todas las edades, que salen en busca de la atención en salud con la que no cuentan en Quibdó ni en ningún municipio del Chocó o que regresan desde allá hacia sus sitios de trabajo o estudio en el interior del país; luego de haber visitado a su gente en las fiestas decembrinas, haber cumplido con su manda anual al Santo Eccehomo de Raspadura y haber disfrutado de los ríos, las comidas, la alegría y el cariño de su tierra.
A la nostalgia de dejar atrás las pequeñas y gratificantes alegrías del suelo nativo, para regresar a las rutinas cotidianas del trabajo y el estudio, decenas de estudiantes, trabajadores y profesionales chocoanos que viven fuera de su tierra, así como sus familias, deben añadirle -cada año- la profunda tristeza de la muerte de los parientes, el percance de las heridas, la desazón y el desamparo de saber que siempre, siempre, desde hace tantos años, viajar por esta carretera es transitar por la trocha del olvido, es recorrer la trocha de la muerte.
“¿A quién le importan nuestras vidas?”
Y entonces, se rememoran las tragedias pasadas, se evocan los muertos que ahora solamente viven en la memoria de sus familias y sus amistades, y se deploran nuevamente las injustas circunstancias de aquellas muertes que se habrían podido evitar. Norma Londoño recuerda con dolor la muerte de uno de sus tíos, que era estudiante en Bogotá y el 12 de enero de 1985 iba de regreso hacia esa ciudad para continuar sus estudios: “En esta fecha hace 39 años en la vía Quibdó Medellín falleció mi tío Blacho. Hoy como tantas otras veces se repite esa tragedia. Este es un dolor de todos, un dolor que no cesa. ¿A quién le importan nuestras vidas?”[2]… La Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, interpretando el sinsabor y el dolor colectivos, lo expresó así en la madrugada del 13 de enero: “Hoy perdimos vidas, perdimos sueños, perdimos a chocoanos y chocoanas que solo querían llegar al encuentro con sus familias. No tener completamente pavimentada y asegurada la vía Quibdó – Medellín no solo nos arrebata el desarrollo, también nos arrebata la dignidad y la vida”[3].
Y entonces nos volvemos a preguntar por qué en otras regiones del país sí y en la nuestra no. Como lo hace Valentín Guerrero, que veinticuatro horas después de la tragedia nos escribe en un grupo de WhatsApp a sus amigos del colegio: “Se está volviendo costumbre asistir periódicamente a eventos como el de ayer en la carretera de la muerte. Tengo una sensación de impotencia por no saber qué hacer, a quién acudir para que cese esta ignominia… Veo que se rompen montañas, se tienden majestuosos puentes y túneles en unos sectores del país, y pareciera que se suben las murallas de la indiferencia y la desolación si el propósito es una inversión seria en El Chocó, ya sea porque se personalicen los recursos públicos o por los sucesivos paños de agua tibia que responden a cada revuelta del pueblo, porque la búsqueda pacífica, nuevamente, ha sido infructuosa”. O como lo expresa la abogada Amelia Prado: “Todos los años en el Departamento del Chocó es la misma tragedia; la vía Quibdó – Medellín es el paso de la muerte. En la era de las vías 4G no alcanzó para nuestro territorio, de hecho, nunca ha alcanzado…”[4].
“Tú no tienes por qué estar sufriendo así”
Y entonces todo un pueblo, toda una región, vuelve a preguntarse hasta cuándo durará este estado de cosas, que a todas luces es inconstitucional, pues contradice todos los principios, expresos y tácitos, del Estado social de Derecho, consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991.
Llegada es la hora de que la Gobernadora del Chocó y el Alcalde de Quibdó se sienten oficialmente y seriamente con el Presidente de la República -¿no es acaso este el Gobierno del Cambio?- y todos los miembros de su séquito que sean verdaderamente indispensables, para tener un diálogo franco sobre el problema y sobre la negligencia estatal, e identificar con seriedad y rigurosidad los caminos jurídicos, políticos, económicos e institucionales más concretos y expeditos para ponerle fin a esta espada de Damocles y a esta sentencia de muerte permanente, que pesan injusta e inequitativamente sobre el Chocó y su gente. Una oportunidad para ello podría ser este jueves 18 de enero, cuando se llevará a cabo en Quibdó una cumbre del Gobierno Nacional, con los alcaldes y la gobernadora del Departamento, para definir una agenda territorial; en el marco de la cual bien podrían concretarse de la mejor manera los anuncios hechos este domingo por el Presidente de la República en su visita a la zona de desastre.
Frente al problema de esta trocha del olvido y de la muerte, tienen que existir soluciones efectivas de ingeniería distintas a otorgar y otorgar contratos de pavimentaciones eternas y rectificaciones inútiles… Soluciones distintas a echarle la culpa a la naturaleza, a salir a decir -cada vez que se repite la tragedia- que es que por allá llueve mucho y que hay inestabilidad y que los taludes y que ajá. La naturaleza no se ensaña con nada ni con nadie: la naturaleza simple y llanamente sigue sus dinámicas, las cuales, cuando afectan a las poblaciones humanas, es porque estas hicieron algo en contravía de dichas dinámicas o sin tenerlas del todo en cuenta… Y en ello es acertado el planteamiento de inversiones hecho por el Presidente Gustavo Petro, en el marco del decreto de declaratoria de desastre, en el sentido de “lograr que no solamente la inversión sea para un asfalto o un cemento rígido, sino también para la seguridad de la vía, que es precisamente que estas montañas no sean riesgosas para las personas que transiten por ella”[5].
Equívocos
Por otra parte, así como no es dable culpar a la naturaleza del reiterativo desastre, es lamentable que el desespero por esta dolorosa tragedia haya conducido a algunas personas a difundir la infame acusación contra los indígenas que habitan en poblados aledaños a la carretera de que su bloqueo recurrente de la vía (que es originalmente un mecanismo de presión al gobierno para que honre sus compromisos firmados en educación, salud y economía; y que en el momento de esta tragedia no estaba vigente) es el que ha ocasionado retrasos en la pavimentación y por ello se produjo la tragedia; como si las remociones en masa se evitaran con un pavimento.
Igualmente, culpar a los indígenas de la parálisis del tráfico en el momento de la tragedia es no solamente mentiroso y reprochable, sino inmoral. La Gobernadora del Chocó, desde el mismo viernes 12 de enero, dejó claro que esto no era cierto. Y este domingo 14, el Presidente de la República reiteró la aclaración y anotó que “se puede hablar de otro tipo de responsabilidades, menos de que las comunidades indígenas tengan una responsabilidad. Eso, desde el punto de vista de la información suministrada al país, fue un acto de racismo y de xenofobia”[6].
Si los indígenas que recurren periódicamente al cierre de la carretera Quibdó-Medellín han convertido, como lo sostienen algunos medios y algunas personas, la protesta social en simple chantaje o extorsión, afectando de este modo y sin razón al resto de la población chocoana, está en manos de la Gobernadora del Chocó, los alcaldes de El Carmen y Quibdó, y el Ministerio del Interior, ponerle fin de una vez por todas a esta anómala situación. Establecer la realidad del caso y tomar las medidas de cumplimiento y de sanción que sean menester es un inmediato deber que estas autoridades tienen, para quitarle un ruido al problema de fondo que es la pésima calidad y el alto nivel de riesgo de la carretera, incrementados por la falta de previsión y la desidia del Estado colombiano durante varias décadas. La cumbre de gobierno en Quibdó, del jueves 18 de enero, es un escenario apropiado para tratar y solucionar de una vez por todas este delicado asunto y darle respuestas apropiadas y oportunas a las demandas de bienestar y derechos de las comunidades indígenas de la carretera.
Alerta
Quizás convendría más al futuro del Chocó que, en lugar de andar culpando a los indígenas y denigrando de ellos con el despreciativo dicho de que el que anda con cholo anda solo, quienes así piensan y proceden se percataran del cinismo de los especímenes políticos del vecindario: un pregonero de las tales 4G, cuatro veces expresidente (fue presidente dos veces directamente y otras dos por interpuestas personas) que sale a lamentar una tragedia para cuya prevención no movió un dedo mientras estuvo atornillado al poder, y un alcalde y un gobernador que publicitaron como solidaridades y bondades personales suyas lo que es una obligación institucional de toda entidad territorial como parte del Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres: el préstamo de maquinaria y la disposición de personal y logística ante cualquier emergencia; todos ellos movidos más por su codicia y su intención de seguir apuntalando el embeleco intervencionista de definir y promover unilateralmente la construcción de un túnel entre Bolívar (Antioquia) y El Carmen de Atrato (Chocó), como si el Chocó fuera de su propiedad y jurisdicción. Una obra que pregonan como remedio milagroso para agilizar el tráfico en el tramo limítrofe interdepartamental de la vía, al que atrevidamente cuentan como parte de su subregión Suroeste; cuando es claro que de lo que se trata realmente es de favorecer el transporte de materiales y productos de la Mina El Roble, la única mina de cobre actualmente en explotación en Colombia, que originalmente fue propiedad de la familia del último exgobernador de Antioquia, que conserva el 10% de la propiedad y a nombre de la cual figuran los títulos mineros que dan vida a la explotación[7]. Embeleco este que se promueve al abrigo de un engendro -obviamente legal, como toda treta de político profesional- denominado la RAP de los dos mares, una figura jurídica en virtud de la cual se asociaron el Chocó y Antioquia, del mismo modo que habrían podido hacerlo Simón el bobito y el pastelero.
QEPD
Paz en la tumba de las numerosas víctimas de la trocha de la muerte en la triste tragedia de este viernes 12 de enero de 2024. La memoria de la vida compartida con ellas contribuya a mitigar el profundo dolor que hoy abruma a su gente y a su pueblo. Que los heridos se recuperen pronto y puedan continuar su vida asimilando progresivamente la imborrable huella del momento que pudo ser el final de sus vidas.
Ojalá que el Gobierno Nacional, de verdad y con la presencia del Presidente, se siente sin afanes con la Gobernadora del Chocó, el Alcalde de Quibdó y demás funcionarios, autoridades y alcaldes involucrados, a evaluar lo ocurrido y a pensar en soluciones reales, soluciones que eximan al Chocó de esta especie de condena en virtud de la cual cada año deben morir decenas de sus hijos en una vía que, casi un siglo después, aún no termina de construirse; aprovechando para ello los quinientos mil millones de pesos que han quedado disponibles por la declaratoria de desastre hecha este domingo[8]. Así fuera eso, solamente eso, que este gobierno le dejara al Chocó, definitivamente se ganaría un puesto de honor en la historia regional y nacional.
